Desde el círculo de la localidad tachan
de “soberbia” la actitud del concejal de Hacienda, el socialista Juan Carlos
Márquez, incapaz de responder ni con un acuse de recibo a las alegaciones
presentadas por la formación morada
Momento de la sesión plenaria celebrada el pasado 9 de junio. |
Quitando esta referencia, Podemos fue
para el concejal de Hacienda, Juan Carlos Márquez (PSOE), “ese partido sin
representación municipal” cuyos más de 500 inscritos y cuyos votantes -más de
4.000 en las pasadas autonómicas; más de 5.000 en las generales del 20D-, no merecen no ya una explicación, sino tan
siquiera un mero acuse de recibo.
De este modo, tras negarse por segundo año consecutivo a facilitar una copia del
borrador del documento económico para su estudio y dificultar por todos los medios el acceso, como exige la ley, al
presupuesto aprobado inicialmente durante el periodo de exposición pública
no ya a Podemos sino a cualquier ciudadano, el edil no solo no ha admitido a
trámite ninguna de las alegaciones presentadas por nuestro partido conformes a
derecho, sino que haciendo gala de un
espíritu democrático impropio de un gobernante que se llama a sí mismo
progresista, ha evitado nuevamente responder por ningún cauce a las
demandas presentadas por esta formación.
Práctica habitual
Con honrosas excepciones, esta es la práctica habitual de un gobierno para el que la transparencia y la participación son palabras huecas. Así, a pesar de que la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local reconoce taxativamente (art. 69.1) que “Las Corporaciones locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local”; y saltándose el propio Reglamento de Participación Ciudadana de Vélez-Málaga, aprobado por un gobierno socialista, cuando afirma (art.4) que “Todos los vecinos tienen derecho a intervenir en la gestión de los asuntos públicos”, la práctica del actual equipo de gobierno de la localidad valida de manera continua aquel refrán que reza que “del dicho al hecho, hay un trecho”, al imposibilitar que las mejores propuestas puedan ser estudiadas con independencia de donde provengan, anteponiendo de este modo los intereses partidistas al interés general.
Consecuencias
Para el caso que nos ocupa, la soberbia política del concejal de Hacienda tiene consecuencias directas sobre la ciudadanía, pues fruto de su falta de diálogo y de permeabilidad demandas amparadas en la legislación vigente y que trascienden cualquier ideología serán desatendidas. De este modo, se ha dado carpetazo a incrementar la partida destinada a la “Reparación y conservación de centros educativos” cuyos 52.000€ -solo colocar el demandado toldo del CEIP Blas Infante de Torre del Mar se llevaría esa cantidad- son claramente insuficientes habida cuenta de las numerosas deficiencias que tienen muchos de nuestros centros escolares. Del mismo modo, se ha desestimado, como es preceptivo, que el Ayuntamiento se dote de un Plan Estratégico de Subvenciones debidamente aprobado que permita regular de modo claro y transparente las ayudas que se conceden a empresas, familias e instituciones sin ánimo de lucro; y del mismo modo, por citar solo otro ejemplo, tampoco se creará el Tribunal Económico- Administrativo como órgano de salvaguarda de los derechos de la ciudadanía.
Práctica habitual
Con honrosas excepciones, esta es la práctica habitual de un gobierno para el que la transparencia y la participación son palabras huecas. Así, a pesar de que la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local reconoce taxativamente (art. 69.1) que “Las Corporaciones locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local”; y saltándose el propio Reglamento de Participación Ciudadana de Vélez-Málaga, aprobado por un gobierno socialista, cuando afirma (art.4) que “Todos los vecinos tienen derecho a intervenir en la gestión de los asuntos públicos”, la práctica del actual equipo de gobierno de la localidad valida de manera continua aquel refrán que reza que “del dicho al hecho, hay un trecho”, al imposibilitar que las mejores propuestas puedan ser estudiadas con independencia de donde provengan, anteponiendo de este modo los intereses partidistas al interés general.
Consecuencias
Para el caso que nos ocupa, la soberbia política del concejal de Hacienda tiene consecuencias directas sobre la ciudadanía, pues fruto de su falta de diálogo y de permeabilidad demandas amparadas en la legislación vigente y que trascienden cualquier ideología serán desatendidas. De este modo, se ha dado carpetazo a incrementar la partida destinada a la “Reparación y conservación de centros educativos” cuyos 52.000€ -solo colocar el demandado toldo del CEIP Blas Infante de Torre del Mar se llevaría esa cantidad- son claramente insuficientes habida cuenta de las numerosas deficiencias que tienen muchos de nuestros centros escolares. Del mismo modo, se ha desestimado, como es preceptivo, que el Ayuntamiento se dote de un Plan Estratégico de Subvenciones debidamente aprobado que permita regular de modo claro y transparente las ayudas que se conceden a empresas, familias e instituciones sin ánimo de lucro; y del mismo modo, por citar solo otro ejemplo, tampoco se creará el Tribunal Económico- Administrativo como órgano de salvaguarda de los derechos de la ciudadanía.
Si en
el pasado confiábamos en que estas actitudes pudieran corregirse, alcanzado el
ecuador de la legislatura no cabe duda
ya de que son marca de la casa y de que no cabe hacerse ilusiones. A dos
años de las municipales de 2019 cada vez resulta más evidente que se perfilan dos alternativas en el horizonte al
actual estado de cosas: la que representa un Partido Popular cuyo líder hace
más política en los juzgados que en la calle y el Ayuntamiento y que es el más
claro ejemplo en nuestra provincia de populismo de derechas; u otra más pegada
a la ciudadanía, que ponga los problemas de la gente en el centro y que habrá
de contar necesariamente con Podemos como uno de sus principales protagonistas.
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