Podemos Vélez-Málaga reclama que se dé respuesta de una vez por todas a las reivindicaciones de las madres y padres del CEIP Blas Infante de Torre del Mar

Concentración de protesta en el patio del centro.

A pesar de las promesas y acuerdos plenarios adoptados, problemas como la ausencia de sombra en el patio del centro, entre otros, siguen sin solucionarse. // La formación morada dará traslado de esta problemática a sus diputados en el Parlamento Andaluz

 Vélez-Málaga, 15 de marzo de 2017-:  A instancias de la Asociación de Madres y Padres del Centro Público Blas Infante de Torre del Mar, a finales del pasado mes de febrero mantuvimos una reunión con este colectivo para conocer de primera mano las reivindicaciones de mejora que esta asociación viene demandando a las administraciones públicas al objeto de mejorar las condiciones en las que se desarrolla la educación de las alumnas y alumnos. Las reivindicaciones del colectivo, bien conocidas, son de modo resumido las siguientes:

1º.- El patio del centro no se halla protegido por un techo suficiente para proteger al alumnado durante el tiempo del recreo o en caso de actos públicos al aire libre, pese a que en junio de 2016 el pleno del ayuntamiento de Vélez-Málaga, y por mayoría absoluta, aprobó “…diseñar e instalar una zona sombreada en colaboración con la Junta”. Ya a principios de curso de 2016, la AMPA tramitó una queja al Defensor del Pueblo Andaluz, debido a la inoperancia de las administraciones.

2º.- Unión de los dos módulos del colegio. El colegio está dividido por una carretera. Según la AMPA la solución al problema, debatida con las fuerzas políticas locales, dotaría al colegio de más espacio de recreo y resolvería un problema grave de seguridad.

3º.- Las aulas necesitan un sistema de climatización, especialmente en la función de calor, ya que los propios padres han debido sufragar máquinas climatizadoras en las clases asumiendo el gasto (más de 10.000 euros)

4º Problemas eléctricos. Los cuadros secundarios de las clases del módulo principal están vacíos y en las clases no existen diferenciales eléctricos, con los riesgos de ahí derivados.

5º.- Persisten defectos de mantenimiento que inciden en la seguridad de las alumnas y alumnos, en especial en el patio. Los filos de la base de la canasta, por ejemplo, siguen sin protección, pues tras colocar las protecciones se han quitado y no las reponen. Y al mismo tiempo  persisten problemas de resbalones en el suelo del patio que provocan continuas caídas que pueden llegar a ser graves.

La AMPA posee numerosas pruebas gráficas y documentales acerca de los asuntos aquí expuestos y de otros objeto de reclamación, pruebas que han compartido con nuestro círculo y que han venido siendo proporcionadas a las autoridades municipales y a las educativas a nivel provincial desde hace meses. Pese a ello, y a pesar del citado acuerdo plenario, las ansiadas soluciones no llegan.

Por todo lo anterior, desde Podemos Vélez-Málaga reclamamos una vez más al Ayuntamiento que ponga todos los medios a su alcance para subsanar las deficiencias observadas que sean de su exclusiva competencia y exija a la Junta de Andalucía que asuma  aquellas otras que bien trasciendan  el ámbito municipal, bien requieran de la participación de la administración autonómica para garantizar una óptima solución.

De todo lo anterior ya hemos dado traslado a nuestros representantes electos en el Parlamento Andaluz para que de la mano del resto de fuerzas políticas impulsen las medidas necesarias a fin de garantizar que la educación de estas niñas y niños pueda discurrir en unas condiciones dignas, propias del siglo XXI.

 

PODEMOS VÉLEZ-MÁLAGA

SOLICITUD QUE PRESENTA EL CÍRCULO DE PODEMOS EN VÉLEZ-MÁLAGA RELATIVA AL APOYO A LA REFORMA DE LA LEY 17/2007, DE 10 DE DICIEMBRE, DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA, PARA ESTABLECER UNA INVERSIÓN MÍNIMA GARANTIZADA EN MATERIA EDUCATIVA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La educación pública es uno de los pilares básicos de un Estado Social y Democrático de Derecho. La universalización del acceso a la educación ha sido uno de los motores de transformación de nuestras sociedades y es un elemento esencial para la integración y la igualdad de oportunidades.

La inversión pública en educación ha sido uno de los factores clave para poder explicar el desarrollo de España y Andalucía en las últimas décadas. Sin embargo, desde 2009 hemos sufrido una reducción importantísima en el gasto público dedicado al sostenimiento del sistema educativo.

Si bien el acceso a la educación es la piedra angular de este servicio público, existen otros factores que inciden en que este derecho pueda ser ejercido con todas las garantías. Entre esos factores se encuentra el hecho de que la actividad educativa, el ejercicio de la enseñanza y aprendizaje, se desarrollen en unas condiciones mínimas de idoneidad, entre las que se encuentran la adecuada ratio de alumnado y profesorado en cada unidad educativa.

En los últimos años, a raíz de los recortes sufridos en el sistema público de educación, hemos visto cómo se ha reducido el número de unidades y líneas educativas, provocando una masificación en las aulas por encima del número que aconsejan estudios y expertos en educación. Esta tendencia pone en serio peligro la calidad de la enseñanza que se imparte en los centros andaluces y la supervivencia del propio sistema público de educación en nuestra comunidad.

Por ello, es necesario establecer una suerte de “cláusula suelo” o de mínimo presupuestario que garantice mantener la actual infraestructura con la que cuenta el sistema de educación pública andaluza, que está formado por unidades y líneas educativas, por el personal docente y por los recursos materiales imprescindibles para una enseñanza de calidad, apostando por el aprovechamiento máximo de la red de centros escolares de titularidad pública.

II

Partiendo del reconocimiento que la Constitución Española hace del derecho a acceder a la educación, el artículo 52 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma en materia de enseñanza no universitaria. El artículo 10.3.2º garantiza el acceso a todos los andaluces a una educación permanente y de calidad que les permita su realización personal y social. Y el artículo 21 explicita los derechos concretos que deben respetarse y garantizarse en esta materia.

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, desarrolla estas competencias autonómicas en materia de educación y contiene la regulación del sistema educativo andaluz y de su evaluación, así como el fomento de la participación efectiva de la sociedad y sus instituciones en el mismo.

El Título VIII de la citada Ley, denominado "Gasto Público en Educación", contiene un solo artículo, relacionado con la elaboración de un Informe Anual sobre el gasto, pero no contiene ninguna otra disposición que asegure un mínimo de gasto destinado a mantener el número de unidades y líneas con las que cuentan los centros educativos andaluces, como punto de partida para asegurar una recuperación del papel de la educación pública andaluza y revertir la tendencia que se detalla en el epígrafe anterior.

En ejercicio de las competencias autonómicas en materia de educación, el Parlamento de Andalucía tiene potestad para modificar el Título VIII de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, en el sentido de garantizar el gasto público suficiente para mantener el número de unidades y líneas educativas actuales, dentro de los límites de ratio entre alumnos y profesores que marca la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

La propuesta de acuerdos que hacemos a continuación posibilitaría, entre otras medidas, las siguientes:

• Recuperación de empleo público.

• Bajada de ratios.

• Mejora de la atención educativa de los niños y niñas que más dificultades tienen.

• Dotación de monitores y monitoras de educación infantil en los centros educativos andaluces.

• Renovación de equipamientos TIC o mejora de las infraestructuras que en algunos casos están obsoletas y sobre las cuales los ayuntamientos asumen gastos que son de competencia autonómica.

                Por todo lo dispuesto, se plantean los siguientes:

ACUERDOS

1.       El Pleno insta al Gobierno de la Junta de Andalucía a reformar la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, para incluir en la norma un precepto que garantice que se destina al menos un 5% del PIB andaluz al presupuesto anual para financiar la educación no universitaria. Esto supondría un incremento de la inversión en los presupuestos de educación de Andalucía.

2.       El Pleno insta al Gobierno de la Junta de Andalucía a reformar la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, para incluir en la norma un precepto que garantice que la planificación de oferta de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública de la Junta de Andalucía se hará conforme al uso y aprovechamiento máximo de sus infraestructuras, de conformidad con las características técnicas de cada centro y según el máximo número de unidades que pueden albergar en su seno.

3.       El Pleno acuerda dar traslado de la presente solicitud a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, a la Presidencia de la Junta de Andalucía, a los Grupos Parlamentarios del Parlamento de Andalucía y a la Presidencia del Parlamento de Andalucía.

En Vélez-Málaga, a 8 de marzo de 2017

PODEMOS VÉLEZ MÁLAGA 

Podemos respeta la decisión de José Alarcón (PSOE) de renunciar a su acta de concejal pero pide avances al equipo de Gobierno en materia de Cultura, Educación y Participación

•La formación morada solicita al alcalde que aproveche la reestructuración del Gobierno para abrir el Ayuntamiento a la Participación ciudadana, un área que consideran “inédita hasta la fecha”

Vélez-Málaga, 29 de julio de 2016.-  Tras la decisión del edil de Cultura, Educación y Participación, José Alarcón (PSOE) de renunciar a su acta por “motivos personales”, el círculo de Podemos en Vélez-Málaga quiere manifestar su respeto a la decisión adoptada y agradecer la entrega del ya ex concejal a sus funciones en servicio de la ciudadanía. Desde Podemos se valoran positivamente algunos de los pasos dados en estos últimos 14 meses dentro de las áreas que el señor Alarcón encabezaba, de manera particular los relacionados con conflictos larvados desde hacía mucho tiempo, como el del CEIP Las Naciones o el Conservatorio de Torre del Mar, así como el intento de dinamización en materia cultural desarrollado por el que fuera número 5 de la lista del PSOE a las pasadas elecciones municipales, dentro del que cabría destacar las actividades conmemorativas del cuarto centenario cervantino.

Sin embargo, junto a la extrañeza por tan repentina marcha, que deja traslucir algo más que puramente motivaciones de índole personal, desde Podemos queremos insistir en la necesidad de seguir apostando por la Cultura y la Educación en nuestro municipio como verdaderos motores, algo que solo será posible dotando de los suficientes recursos a unas áreas que tradicionalmente han sido el patito feo dentro del presupuesto municipal, circunstancia que por desgracia no ha variado tras la toma de posesión como alcalde de Antonio Moreno Ferrer, que ha perpetuado una política más dirigida a promover grandes equipamientos que a favorecer la planificación y los contenidos.

Asimismo, desde Podemos invitamos al actual alcalde a que aproveche la reestructuración del equipo de Gobierno para sacar del cajón todas esas promesas destinadas a favorecer la participación ciudadana que figuraban en su programa electoral y que duermen el sueño de los justos. En este sentido, el primer año de su gobierno no ha podido estar más falto de proyectos e iniciativas, lo que debería obligar a nuestros actuales mandatarios a virar el rumbo otorgando a esta parcela el peso que realmente tiene, siguiendo de este modo la senda que ya están recorriendo algunos de los ayuntamientos más abiertos e innovadores de nuestro país. Dar la voz a la ciudadanía a la hora de elaborar los presupuestos, consultar a los vecinos antes de adoptar decisiones relevantes para sus barrios, incentivar la creación de juntas vecinales o de distrito o conformar consejos sectoriales en materias como Cultura, son exigencias que no pueden ser por más tiempo desatendidas y sin las que Vélez-Málaga no podrá alcanzar los estándares de calidad democrática y excelencia que un municipio como el nuestro, el tercero en población de la provincia, requiere.

PODEMOS VÉLEZ-MÁLAGA

OPINIÓN: Promesas que no valen nada, nada, nada

Concentración a las puertas del Conservatorio de Torre del Mar.

No nos engañemos, en una democracia armónica no habría porqué ponerse en huelga para reclamar que se cumplan las promesas electorales de los políticos. En una democracia consolidada, el mero anuncio de que unos jóvenes alumnos van a ir a la huelga, debería estremecer a los gestores públicos y a sus equipos de trabajo.

Todos nos escandalizamos ante los sobres de dinero ‘B’, los cursos de formación fraudulentos y las tarjetas de crédito con cargo a los ahorros de los ciudadanos. Pero no ejercemos nuestro derecho a la protesta y al enfado, legitimando así un sistema de corrupción que se ha colado hasta las entrañas de nuestra democracia.

¿Qué ocurriría si en la empresa privada los empleados sustrajeran ilícitamente parte de la caja o se desentendieran de sus compromisos y obligaciones? Pues que esos empleados estarían de patitas en la calle de inmediato, por no hablar de la denuncia a la que tendrían que enfrentarse en el primer caso.

Desgraciadamente, nuestra pobre cultura democrática nos impide ver con claridad que el patrón por el que se rigen los empleados de la privada debería ser el mismo para lo que nos ocupa por el que debe regirse el empleado público en cuanto a la forma de recibir la remuneración por su trabajo: para que confíen en ti has de cumplir tus compromisos; y si no cumples, vas a la calle inmediatamente.

En Vélez-Málaga volvemos a encontrarnos con la falta de diligencia profesional de los cargos electos; esos que cobran por gestionar lo público, es decir, todo aquello que los ciudadanos pagamos con nuestros impuestos. Así, ese contrato verbal firmado en campaña, se antoja efímero una vez blandido el bastón de mando. Que se lo pregunten a la comunidad educativa del CEIP Las Naciones o del Conservatorio elemental de música de Torre del Mar. Ambos colectivos han tenido que recurrir a medidas de presión para reclamar que se cumplan las promesas electorales del actual alcalde, Antonio Moreno Ferrer. Protestas, concentraciones, huelgas… estamos hablando de chicos y chicas que pierden jornadas de clase, que renuncian a su derecho a la educación, en pos de un sistema educativo futuro más justa para ellos y para los compañeros que les seguirán.

En estas circunstancias se desarrolla el día a día del alumnado del Conservatorio de Torre del Mar desde que se constatara la necesidad de ampliar el currículo educativo del centro, ofreciendo los cursos de grado profesional imprescindibles para continuar y terminar sus estudios. Ante la pasividad de las autoridades competentes a la hora de realizar el trabajo comprometido, unos trescientos niños se ven obligados a ir a la huelga. Patético.

Y es patético porque desde que allá por mayo tanto el actual alcalde de Vélez-Málaga, como la delegada de la Junta en Málaga, se comprometieran a poner en marcha a comienzos de este curso lectivo los tan ansiados grados profesionales, que a tantas familias beneficiarían en nuestra zona, en cinco meses parece ser que ni siquiera han comenzado los trámites. Al igual que en el caso del CEIP Las Naciones, la patata caliente pasa de unas manos a otras. Y así nos encontramos a unas familias cuya única salida ya es la protesta, la denuncia, las acciones reivindicativas.

En el caso de la comunidad educativa del Conservatorio, la paciencia demostrada con los diferentes equipos de gobierno, parece que ha rebosado el vaso. Y no es para menos. Un curso más serán muchos los alumnos que dejen los estudios musicales cuando llega el momento de cursar los grados profesionales, bien por la falta de recursos económicos con los que costear los desplazamientos a los conservatorios de Málaga capital, bien porque compatibilizar los estudios de secundaria con los horarios y tiempo que se pierde en los desplazamientos, es harto difícil.

Así pues, nos encontramos a unos padres y madres, profesores y alumnos, movilizados por una nefasta gestión de los problemas que de verdad afectan a la ciudadanía; una falta de previsión antológica.

Es hora de que el ciudadano empoderado se acostumbre –y no solo cada cuatro años- a pedir rendición de cuentas por su trabajo a los cargos públicos, esos a los que pagamos de nuestro bolsillo a base de impuestos y tasas. Es hora ya de que el ciudadano tome conciencia de cómo se están gestionando los fondos públicos y saque sus propias conclusiones sobre cómo estaría mejor invertido su dinero, si en obras megalómanas que para su mantenimiento necesitan mucha inversión económica pero poca mano de obra para mantenerlas, o en una educación de calidad que forme a nuestros hijos; a los hombres y mujeres del mañana.

La comunidad educativa del Conservatorio de Torre del Mar, se ha empeñado en hacer valer sus derechos en el convencimiento de que sí se puede. Próxima estación de sus acciones reivindicativas, muy pronto en las calles de nuestra ciudad. Únanse a ellas. Mañana puede tocarle a cualquiera.

María del Carmen Castillo

Miembro de PODEMOS en Vélez-Málaga

Podemos en Andalucía pone al CEIP Las Naciones de Vélez-Málaga como ejemplo de las “deficiencias y desorganización” por parte de la Consejería de Educación

La parlamentaria de la formación morada, Libertad Benítez,  ha animado a la consejera Adelaida de la Calle a que "traslade su despacho a una de estas instalaciones prefabricadas"

Vélez-Málaga, 9 de septiembre de 2015.- La situación del CEIP Las Naciones de Vélez-Málaga ha estado muy presente en la respuesta que Podemos Andalucía​ ha articulado tras la comparecencia este martes de la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, al término de la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta, en la que esta afirmaba que las aulas prefabricadas o “caracolas” eran “soluciones momentáneas” y pedía tranquilidad con argumentos tan fundamentados como que las películas americanas nos muestran que allí “el 80% de la construcción es prefabricada” o que en Andalucía no hay “terremotos ni huracanes”.

“Si las caracolas cumplen los requisitos, animo a De La Calle a que traslade su despacho a una de estas instalaciones prefabricadas”, ha manifestado Libertad Benítez, parlamentaria de Podemos, refiriéndose de forma específica a la precaria situación de este centro veleño tras años de promesas incumplidas.

Desde Podemos en Vélez-Málaga queremos manifestar nuestra solidaridad con las madres, padres, alumnos y docentes del CEIP Las Naciones, así como sumarnos a las reivindicaciones del colectivo exigiendo que la licitación de las obras del módulo de Primaria ―reiteradamente anunciada tanto por la Junta de Andalucía como por el PSOE de Vélez-Málaga―, se lleve a término sin más retrasos. Cada día que transcurre sin que la adjudicación se haga efectiva se aleja la posibilidad de que tan siquiera el curso 2016-2017 el centro pueda abrir sus puertas en condiciones decentes y que garanticen la mejor educación posible para los centenares de escolares que se forman en esta etapa tan decisiva.

MEDIDAS URGENTES ANTI-CORRUPCIÓN

Este domingo 2 de noviembre y el lunes día 3, celebramos dos nuevas ruedas de masas (plaza.podemos.info) en las que debatiremos sobre dos de los temas que más preocupan a la ciudadanía. La primera, a las 17:00 horas, versará sobre Educación, como sabéis una de las cuestiones capitales para PODEMOS, como así se comprobó con la votación de las resoluciones dentro de la Asamblea Ciudadana Sí se Puede. La otra, sobre Medidas urgentes anti-corrupción, se celebrará el lunes 3 a la misma hora con la participación de Carlos Jiménez Villarejo. Precisamente el exfiscal firmaba este sábado junto a Pablo Iglesias un interesante artículo en El País sobre la necesidad de tomar medidas a nivel internacional para descubrir la riqueza oculta al fisco. Por su enorme interés, lo reproducimos íntegramente a continuación:

Podemos contra los paraísos fiscales

La declaración de Jordi Pujol reconociendo que posee un patrimonio no declarado fiscalmente oculto en cuentas bancarias abiertas en un territorio que ha tenido la consideración de paraíso fiscal, como es Andorra, obliga a plantearse por qué se ha perpetuado en el tiempo una situación de tal gravedad y tan lesiva para la ciudadanía.

La impunidad del fraude fiscal y de la corrupción puede conseguirse en gran medida si existen países o territorios donde se puede ocultar la riqueza ilícitamente obtenida. Los jefes de Estado de los países que han constituido los llamados G-7, G-8 y G-20 vienen apoyando desde 1996 el trabajo de la OCDE contra los paraísos fiscales y la competencia fiscal perjudicial. 

Al comienzo de la crisis en 2008 fue especialmente significativa la declaración de Gordon Brown al concluir la reunión del G-8 celebrada en Londres en abril de 2009: “La era del secreto bancario ha terminado…”. La realidad posterior lo desmintió.

El G-20, en San Petersburgo en septiembre de 2013, asumió la propuesta de la OCDE para que fuera el intercambio automático de información financiera el nuevo baremo para evaluar la conducta de las jurisdicciones en materia de cooperación y transparencia fiscal internacional. Y en su próxima reunión, a celebrar en Brisbane en noviembre, decidirá los pasos para su efectiva implantación a partir de 2017, lo que va a constituir un gran avance en la desaparición del secreto bancario en el ámbito tributario.

Pero no podemos esperar a 2017 para empezar a saber quién tiene cuentas, entre otros territorios, en Suiza, Luxemburgo, Andorra o Singapur. La comunidad internacional no puede esperar tanto tiempo para someter a gravamen los 21 billones de dólares que como mínimo se hallan escondidos en los territorios donde persiste el secreto bancario en el ámbito fiscal.

La comunidad internacional no puede resignarse a dejar de recaudar cada año 189.000 millones de dólares, que es el doble de lo que dedica cada año a la ayuda al desarrollo. 

España no se puede permitir perder 60.000 millones de euros por el hecho de que hasta 2017 no pueda empezar a saber quiénes son los dueños de las fortunas escondidas en paraísos fiscales. Es preciso poner en marcha ya medidas que garanticen que jurisdicciones claves como la de Suiza no incumplen sus compromisos, y que permitan comprobar que, efectivamente, se avanza para terminar con el secreto bancario en 2017.

En diciembre de 2010, 12,06 billones de dólares de riqueza situada en territorios offshore se halla en manos de los 50 principales bancos mundiales especializados en banca privada y especialmente en los 20 más importantes, entre los que destacan: UBS, Credit Suisse, Citigroup, Deutsche Bank, Bank of America, Merrill Lynch, JPMorgan Chase, BNP Paribas, HSBC, Pictet & Cie, Goldman Sachs, ABN AMRO, Barclays, Credit Agricole, Julius Baer, Société Générale y Lombard Odier & Cie.

Los ciudadanos han de tener presente que el grueso de la riqueza escondida en territorios offshore no se halla en manos de oscuros bancos innominados situados en islas paradisíacas, sino en las principales entidades financieras del mundo especializadas en banca privada, así como de los principales despachos de asesoría legal y contable, situados no en ignotos y lejanos territorios, sino en las mayores capitales del primer mundo como Nueva York, Londres, Ginebra, Fráncfort y Singapur. Los procesos penales incoados en EE UU, Francia y Alemania contra los bancos UBS y Credit Suisse aportan evidencias de que dichas entidades han comercializado cuentas bancarias en esos países con el atractivo del secreto bancario. Entre otras, las principales medidas que estimamos urgentes son las siguientes: 

Primera. El G-20 ha de emplazar a todos los Estados para que requieran la identidad de los clientes con cuentas en las matrices, filiales o sucursales en el extranjero de los bancos que operan en su territorio.

Segunda. El G-20 ha de emplazar a Suiza para que atienda los requerimientos de las Administraciones tributarias respecto a la UBS y el Credit Suisse.

Tercera. Los altos cargos de las Administraciones central y autonómicas y diputados de las correspondientes asambleas legislativas prestarán consentimiento escrito para que la AEAT confirme con terceras jurisdicciones que no tienen cuentas sin declarar en el extranjero. 

Cuarta. El Gobierno ha de llamar a consultas a los embajadores de Suiza y Andorra para que justifiquen por qué no han informado sus Gobiernos de las cuentas de Bárcenas y de Pujol contraviniendo de forma flagrante la recomendación número 12 del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional, de la OCDE), como personas de evidente relevancia política. Resulta escandaloso a primera vista que los bancos donde han estado abiertas las cuentas de Bárcenas y de Pujol no informaran a las unidades de Inteligencia Financiera de Suiza y de Andorra de la existencia de tales cuentas.

En el caso de que las explicaciones ofrecidas no fueran satisfactorias, España ha de denunciar a estos países al GAFI para que sean incluidos en la lista de países no cooperativos y puedan arbitrarse las contramedidas que sean pertinentes. No puede tolerarse más la permisividad de los Gobiernos con el fraude fiscal internacional en directo y gravísimo perjuicio de los ciudadanos, agrandando la brecha de la desigualdad económica y social.

[El País, 1 de noviembre de 2014]