jueves, 26 de mayo de 2016

Podemos en Vélez-Málaga organiza este sábado 28 en la Azucarera de Torre del Mar una jornada sobre agricultura ecológica y soberanía alimentaria


Imagen de la rueda de prensa celebrada en la sede de
Podemos en Vélez-Málaga / 2605206.

• En el encuentro, que dará comienzo a las 16:30 horas, participarán tanto destacados miembros de Podemos en Andalucía como representantes de diversos colectivos y profesionales del sector

Vélez-Málaga, 26 de mayo de 2016.-  El círculo de Podemos en Vélez-Málaga organiza este sábado 28 de mayo, desde las 16:30 horas, en las instalaciones de la Azucarera de Torre del Mar, un encuentro sobre agricultura ecológica y soberanía alimentaria, evento que se encuadra dentro de las actividades que de forma regular viene celebrando el grupo de trabajo de Formación y Análisis de la formación morada en la localidad.

“La relevancia de esta jornada –según ha explicado Mari Carmen Castillo, responsable del área de Extensión, Solidaridad y Participación de este círculo– viene enmarcada por la creciente importancia de la agricultura en la economía de nuestro municipio, no ya solo a través de los sistemas tradicionales, sino también con los nuevos métodos de cultivo que están relacionados tanto con la protección del medio ambiente como con la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, de ahí que hayamos querido abordar también la llamada economía del bien común”.


En este sentido, desde Podemos se ha trabajado para que el cartel fuese muy plural, “aglutinando visiones muy diversas y asumiendo que esta será solo una primera toma de contacto con una materia que consideramos fundamental”, ha explicado Castillo en la rueda de prensa celebrada este jueves en la sede de Podemos en la capital axárquica.

Esta pluralidad de visiones se refleja en un cartel en el que junto a destacados miembros de Podemos, como el Secretario de Relaciones con la Sociedad Civil, Alberto Matarán o Marta Gutiérrez Blasco, miembro del Consejo Ciudadano Andaluz y portavoz de ‘Vamos, Granada’ en el Ayuntamiento, aparecen también nombres como los de Alejandro Serrato, miembro del Sindicato Andaluz de Trabajadores, o Pedro Cores, experto en bio-construcción. A los anteriores, que abordarán asuntos relacionados con los canales cortos de comercialización, el empleo agrario, los bancos de tierras o la ciudad sostenible, habrá que añadir en la parte final de la jornada una mesa redonda en la que participarán miembros de diferentes colectivos y profesionales.

Para Castillo, “con este encuentro se trata no solo de adquirir conocimientos, sino de compartir visiones distintas y seguramente complementarias y de fomentar un debate necesario con todos los asistentes”.

miércoles, 18 de mayo de 2016

Podemos solicita al Ayuntamiento de Vélez-Málaga atienda la necesidad de establecer un acuerdo con la SAREB para la cesión de viviendas con fin social

Un momento de la rueda de prensa celebrada para informar
sobre la propuesta. / 18 de mayo de 2016.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Vélez-Málaga, a 17 de mayo de 2016.-  La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) ha anunciado que dicha entidad traspasará de forma temporal la gestión de unas 2.000 viviendas a las administraciones regionales y locales para destinarlos a usos sociales, sumándose así a un número similar de viviendas que la SAREB destinó en 2013 para el mismo fin.
La SAREB se creó en cumplimiento de la previsión contenida en el artículo 3.1 de la Ley 8/2012, de 30 de enero de octubre, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, que prevé que los activos adjudicados o recibidos en pago de las deudas a que se refiere el artículo 1.1 del Real Decreto-Ley 2/2012, de 3 de febrero, deberán ser aportados por las entidades de crédito a una sociedad anónima, en los términos establecidos en dicha Ley.
No obstante, la cesión de viviendas no opera de forma automática desde que el Consejo de Administración de la SAREB decide la cesión, sino que se requiera la firma de un convenio con una administración territorial (autonómica o local), a las que se ceden las viviendas con el compromiso de aceptación de una serie de condiciones como pueden ser el pago de una contraprestación a la SAREB para la cobertura de los gastos de comunidad, seguros, tasas y tributos vinculados a la propiedad, así como que la Administración firmante se hará cargo de los gastos de gestión y administración de las viviendas.

A día de hoy existen diferentes administraciones que han firmado convenios con la SAREB. Entre estas la Comunidad Autónoma de Cataluña (900 viviendas), Aragón (80), Galicia (50), País Vasco (10), Islas Baleares (75), Castilla y León (100) e Islas Canarias (50). El 16 de diciembre firmó el primer convenio con una Administración local el Ayuntamiento de Barcelona, para la cesión de 200 viviendas. A su vez, el Ayuntamiento de Córdoba está en negociaciones con la SAREB para firmar un acuerdo similar al barcelonés.

Por su parte, el Parlamento de Andalucía aprobó el pasado mes de febrero por unanimidad, a iniciativa del grupo parlamentario de Podemos una Proposición No de Ley por la cual se instaba a la Junta de Andalucía a firmar con carácter urgente un convenio con la SAREB para que el también conocido como “banco malo” cediera 850 viviendas en toda la comunidad autónoma y fuesen puestas a disposición de familias en situación de vulnerabilidad en la modalidad de alquiler social. Una actuación que llegaba después de que en su informe del 28 de diciembre de 2015, el Defensor del Pueblo Andaluz manifestara su queja ante el continuado retraso en la negociación con el también conocido como “banco malo” en una comunidad, la andaluza, que sigue liderando la cifra de desahucios en España, con el 24% del total de desalojos producidos, correspondiéndose el 77,6% de los desahucios registrados en 2014 –según el INE–, con la vivienda habitual.

II

El convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) para la cesión de viviendas destinadas a personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial fue firmado el 16 de diciembre de 2015.

En su cláusula Primera, el convenio establece las condiciones de colaboración entre el Ayuntamiento de Barcelona y la SAREB, que les permiten destinar durante un tiempo determinado parte de las viviendas propiedad de SAREB sitas en el municipio de Barcelona, para destinarlas a afrontar la situación de emergencia social, entre otros en el ámbito de la vivienda de personas y unidades familiares en situación de riesgo residencial, y para el resto de los fines sociales de competencia municipal en el campo de la emergencia social.

En ese sentido, continúa el acuerdo, la SAREB manifiesta su voluntad de ceder en usufructo al Ayuntamiento de Barcelona un número inicial de 200 viviendas, y recibirá del Ayuntamiento una contraprestación mensual por cada una de las viviendas, en los términos y condiciones que establecen más adelante.
Entre estas condiciones, destaca que en cada contrato de cesión se certificará que la vivienda objeto de contrato se encuentra al corriente en el pago de las cuotas comunitarias ordinarias y extraordinarias hasta el día inmediatamente anterior al de la firma del contrato. En caso de que por cualquier causa no fuese posible obtener el referido certificado la SAREB asume expresamente la obligación de correr con los gastos de comunidad que potencialmente se puedan reclamar previa su verificación.
El montante de la contraprestación por dicha cesión en usufructo a satisfacer por el Ayuntamiento será una cantidad fija mensual, por cada una de las unidades, que ascenderá a 125 €/mes por cada vivienda que en el momento de la cesión esté vacía y 75€/mes por cada vivienda que en el momento de la cesión esté ocupada.

A su vez se establece un reparto de gastos entre la SAREB (seguros de la viviendas, reparaciones, comunidad…) y el Ayuntamiento (cédula de habitabilidad, certificado de eficiencia energética, gastos ordinarios, vigilancia, gastos de gestión de administración de las viviendas o IBI).

III

En el pleno ordinario del pasado 31 julio de 2015, el Ayuntamiento de Vélez-Málaga aprobó una moción  encaminada a hacer frente a los desalojos, por motivos económicos, de primeras residencias o vivienda habitual para unidades familiares, moción que no ha desplegado sus efectos pese al tiempo transcurrido, y que incluía entre otras medidas:

Quinto.- Acordar con las direcciones de los bancos y cajas, la realización de un censo de las viviendas vacías en el municipio de Vélez-Málaga, fruto de un impago hipotecario y/o provenientes de un lanzamiento, y negociar también el resto del parque de viviendas no vendidas, que estén en manos de las entidades financieras y/o que tienen como titular a personas jurídicas, para poder ofrecer estas viviendas en alquiler social asequible y estudiar desde la carga en el impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) hasta la suspensión temporal de uso, según las condiciones que marque la Ley.

Decimotercero.- Solicitar a la SAREB un inventario de las viviendas que se encuentran en nuestro municipio para recuperarlas para el parque municipal de Vivienda Social poniéndose en alquiler para las familias más desfavorecidas e impidiendo que se vendan a “fondos buitre”

De este modo, parece demostrado que existen diversos antecedentes que justifican la presente solicitud y demuestran la posibilidad de alcanzar un convenio con la SAREB, como  el referido informe del Defensor del Pueblo Andaluz; el Convenio del Ayuntamiento de Barcelona con la SAREB; y la moción aprobada por el equipo de gobierno de este mismo ayuntamiento.

Pero no solo eso. La legislación española es abundante y extensa en lo tocante al tema de la vivienda. Así, el artículo 8 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, determina que los entes locales, bajo el principio de autonomía para la gestión de sus intereses, ejercen las competencias de vivienda de acuerdo con lo que establecen la legislación de régimen local, la legislación urbanística y esta ley, sin perjuicio de la capacidad de suscribir convenios y concertar actuaciones con otras administraciones y agentes de iniciativa social y privada para que actúen sobre el mercado de vivienda protegido y libre. Además la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local establece, entre las competencias de los municipios, la evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.

En cuanto a este Consistorio, el Ayuntamiento de Vélez-Málaga cuenta con la Empresa Municipal de Servicios, Vivienda, Infraestructura y Promoción de Vélez-Málaga (EMVIPSA), el Área de Servicios Sociales y, en virtud del Protocolo de Actuación vinculante suscrito en julio del año pasado por el pleno de la Corporación, la futura Oficina de Intermediación, para agilizar los trámites a la hora de dar impulso político y soporte técnico a esta demanda.

Gracias al gran trabajo de la Plataforma de Afectados por las Hipoteca sabemos que, en este momento, la SAREB tiene al menos 45 viviendas a su nombre en el municipio de Vélez-Málaga. El objetivo es que la renta que paguen los inquilinos se ajuste al nivel de ingresos, de forma que el alquiler más el corte de los suministros básicos no supere el 30% de los ingresos netos actuales. Asimismo, las viviendas que entren dentro del convenio de la SAREB tienen como objetivo la inserción social de las familias beneficiarias. Por tanto, tan importante es la vivienda como el medio social donde se ubique, siendo necesario que en esa ubicación se tenga en cuenta la calidad medioambiental de la zona, la facilidad de escolarización de los menores y el acceso a las comunicaciones para facilitar la búsqueda de empleo. Además, hemos de facilitar la integración de las personas en un entorno, favoreciendo el arraigo familiar, dada la ya de por sí presión económica a la que se ven sometidas estas familias.

IV

Es por todo ello que proponemos a la consideración de este Excmo. Ayuntamiento la adopción de los siguientes
ACUERDOS

1.       Que el Alcalde y el equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga negocien con la SAREB la cesión de viviendas de su propiedad para incorporarlas al parque Municipal de Vivienda Social.

2.       Instar a la Junta de Andalucía a que acelere los trámites y la negociación con la SAREB para incorporar viviendas de su propiedad al Fondo Social de viviendas Andaluz. 


En Vélez-Málaga, a 17 de mayo de 2016





PODEMOS VÉLEZ-MÁLAGA

lunes, 9 de mayo de 2016

Podemos en Vélez-Málaga insta al Ayuntamiento a que se sume a la Red de Ciudades Libres de Mordazas



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Más de veinte años después de la aprobación de Ley de Seguridad ciudadana 1/92, el Gobierno del Partido Popular ha sancionado, en su tónica del “reformazo regresivo”, una nueva Ley, que viene a sustituir la ley del 92.

Un texto redactado en paralelo a la reforma del Código Penal, también de marcado carácter restrictivo en derechos, por lo que pedimos su derogación, y que viene a transformar la eliminación de la mayoría de las infracciones penales tipificadas como faltas en infracciones administrativas que con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana pasan a considerarse infracciones administrativas de carácter muy grave, grave o leve, que lleva consigo la pérdida de Garantías Judiciales y la posibilidad real del aumento de la arbitrariedad gubernamental a la hora de sancionar al ciudadano. El Código Penal es también de carácter anticonstitucional en alguno de sus puntos: "Devoluciones en Caliente", "Prisión permanente revisable", "Delitos por solidaridad con personas que administrativamente no tienen los documentos en regla", etc., ya que en muchos de sus artículos no se cumplen los principios fundamentales de la Carta Magna, como son el principio de resocialización de las penas, el principio de igualdad o el principio de intervención mínima del derecho penal, así como incumple también los tratados internacionales en materia de asilo y refugio suscritos por España y vigentes en la actualidad.

La discrecionalidad que otorga la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana a la Administración a la hora de establecer sanciones, la elevada cuantía de las mismas, que en el caso de las infracciones muy graves podrían llegar a los 600.000€ y la fijación en la regulación de conductas habituales en las protestas ciudadanas, definen a esta Ley de Seguridad Ciudadana como la “Ley del miedo” o la “Ley Mordaza”. Se habilita, por tanto, un procedimiento administrativo que legaliza la criminalización y persecución de las movilizaciones y crea un instrumento gubernamental, para sancionar derechos democráticos básicos como la libertad de expresión y de manifestación que recoge nuestra carta magna como derechos fundamentales.

La Ley Mordaza tipifica nuevas figuras sancionables, considerando tales los escraches (a diferencia de la opinión del presidente del Supremo, Gonzalo Moliner, que declaró que “no es posible decir a priori si un escrache es o no legal”) o las concentraciones ante el Congreso y el Senado. Sanciona, asimismo, el uso de capuchas en manifestaciones, faculta a la policía a establecer “zonas de seguridad” en perímetros urbanos, y habilita a las fuerzas y cuerpos de seguridad a retirar de forma expeditiva vehículos que taponen una vía pública, en caso de que los concentrados desobedezcan la orden de los antidisturbios de despejar la zona. No se citan expresamente, pero todo indica que apunta a impedir tractoradas, marchas de taxistas o de camioneros.

Esta breve descripción de algunas conductas reguladas por esta ley, nos indica que estas “Leyes Mordaza”, vuelven a ubicar la seguridad ciudadana en la órbita del viejo concepto de orden público, muy alejado de la concepción democrática y constitucional de la seguridad, entendiendo esta como la responsabilidad del estado.

Y no únicamente tiene esta opinión el círculo de Podemos en Vélez-Málaga sino que es el propio Consejo de Europa, institución encargada de velar por el respeto a los derechos humanos en el continente, quien ya calificó de “altamente problemática” la propuesta original. Nils Muiznieks, su responsable de derechos humanos, duda de que “estas restricciones sean necesarias en una sociedad democrática” y cree que se debería velar por la seguridad “sin interferir demasiado en la libertad de reunión y de manifestación”.

Otra ley más, por tanto, que supone un claro retroceso social, un anacronismo constitucional, un trasnochado concepto de orden público y un claro atentado contra derechos y libertades democráticos, que son encorsetados en procedimientos sancionadores que pretenden impedir la protesta, la crítica y la demostración cívica de desacuerdo político.

La democracia es expresión y la seguridad ciudadana protección de libertades públicas, no cercenamiento de las mismas. El delito se combate de forma integral, con educación, con promover una vida digna, con eliminar las diferencias sociales, con buenas políticas de reinserción y con unas instituciones que trabajen en la prevención, no en el  castigo.
Concluimos, exponiendo que esta Ley, reiterativa en regular conductas que ya tipificaba el código penal, y creadora de un nuevo Estado policial, controlador y limitador de libertades públicas, es inadmisible en un entorno europeo democrático, que convierte a este país más en una dictadura anacrónica que en el país democrático y moderno que debe ser.

El nuevo Código Penal convierte la solidaridad en delito. La reforma planteada modifica también la redacción del artículo 318 bis, que está dedicado a “Los delitos contra los derechos de los extranjeros”. Por un lado, se castiga a quien ayude a una persona en situación irregular a entrar o transitar por el Estado español, salvo cuando se realice por razones humanitarias, y por otro castiga también a quien ayude, con algún tipo de aprovechamiento económico, a los migrantes irregulares a realizar una vida normalizada en España. Sin embargo, no se define qué supone “prestar ayuda por razones humanitarias” o "con ánimo de lucro", lo que deja un amplio margen de interpretación: ¿Habrá que esperar a que la persona en cuestión sufra malnutrición o tenga una enfermedad grave para poder prestarle ayuda sin que ello se convierta en delito? ¿Y alquilarle un piso, o emplearla sin contrato, o llevarle en taxi será delito porque obtienes dinero? Parece que la solidaridad  y la acogida pasará a ser delito si prestas apoyo a una persona en situación irregular (sin papeles), pues darle alojamiento, llevarla en autostop o cualquier otra conducta similar, podrá ser sancionada penalmente si no es considerada ayuda humanitaria.

A pesar de que el día  5 de abril la Comisión de Interior aprobó con 28 votos a favor y 15 en contra (Cs y PP) la presentación de una Proposición No de Ley realizada por ERC para instar al Gobierno en funciones a derogar la "ley mordaza",  al tener  un Gobierno en funciones, en principio se limita a trámites de gestión ordinaria salvo situaciones de urgencia sobrevenida, aunque por otro lado está en la obligación de al menos debatir las acciones a  las que le insta el Congreso, lo que en sí mismo evidentemente no conlleva acuerdo en ningún caso, al estar  las Cortes disueltas y convocadas nuevas elecciones, todas las iniciativas parlamentarias que se encuentren en trámite decaen automáticamente.

Es por todo lo expuesto por lo que instamos al Pleno del Ayuntamiento de Vélez-Málaga a que se sume a los más de 60 municipios que ya se han sumado a la “Red de Ciudades Libres de Mordaza” con la adopción del siguiente ACUERDO:

1.- Exigir al futuro Gobierno de la Nación, la retirada inmediata de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana así como de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

2.- Segundo.- Solicitamos un debate consensuado entre todas las fuerzas políticas, para la elaboración de un texto que regule la materia de seguridad ciudadana incluyendo, en el debate asimismo, la Reforma de la Ley 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, superada y obsoleta en muchos de sus aspectos, así como  la Ley Orgánica general penitenciaria. Solicitamos también el debate consensuado entre todas las fuerzas políticas para la elaboración de un texto justo en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Todo ello, con el objetivo, de reformar con carácter integral, todos aquellos aspectos relacionados con la seguridad, que deberá conformar un amplio debate social, enfocado no únicamente desde los tradicionales aspectos reactivos sino y fundamentalmente, preventivos, enfocando el análisis del delito y su contención, como un problema social que abarca variables socioeconómicas y que requiere un amplio trabajo de carácter transversal.

3.-  Dar traslado del acuerdo al Gobierno de la Nación y a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de Diputados.


En Vélez-Málaga, a  9 de mayo de 2016


PODEMOS VÉLEZ-MÁLAGA

viernes, 6 de mayo de 2016

Podemos en Vélez-Málaga se felicita ante el anuncio de la Junta de proteger el despoblado medieval de Santillán, ubicado en los terrenos de ‘Juvigolf’

Detalle del escrito enviado por la Delegación Territorial de la Junta ante la
denuncia presentada por la Asociación 'Taha de Bezmiliana'

• Desde la formación morada se destaca el papel que la asociación cultural La Taha de Bezmiliana y la movilización ciudadana han jugado a la hora iniciar los trámites para la protección y conservación de este yacimiento

Vélez-Málaga, 6 de mayo de 2016.-  Podemos en Vélez-Málaga ha valorado muy positivamente el que la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía haya decidido tomar cartas en el asunto para proteger el despoblado medieval de Santillán, esta “cápsula del tiempo capaz de hablar en el siglo XXI de cómo se vivía en las tierras de Vélez en la Edad Media”, según palabras de Inmaculada Gómez, miembro de la Asociación Amigos del Patrimonio y la Arqueología Taha de Bezmiliana, colectivo de Rincón de la Victoria que ha abanderado la defensa de este yacimiento, poniendo su existencia en conocimiento de las autoridades e impulsando además una campaña de recogida de firmas en change.org que ha obtenido 7.000 apoyos en apenas unas semanas.

“Aunque la noticia llega tarde, pues hace años que se tenía conocimiento de la existencia de este yacimiento –ha expresado José María Matás, portavoz del círculo de Podemos en Vélez-Málaga-, no podemos más que felicitarnos por el hecho de que este enclave tan singular sea preservado”. En este sentido, desde Podemos se ha querido poner en valor el trabajo que este colectivo ha venido realizando a la hora de documentar y exponer la necesidad de que este pedazo de nuestra historia sobreviva a los planes urbanísticos que están previstos desarrollarse en esta zona. “Sin el papel que ha jugado La Taha y la propia ciudadanía que ha suscrito masivamente su denuncia a través de internet –afirma Matás-, puede que como con frecuencia ha ocurrido en el pasado hubiésemos perdido también estos vestigios. Ahora –ha añadido- toca que las autoridades competentes, tanto autonómicas como locales, actúen con diligencia para evitar nuevos daños. Como partido que denunciamos esta situación públicamente nada más tener conocimiento de la misma, velaremos para que así sea.”

El estado del despoblado medieval de Santillán fue uno de los interrogantes que Podemos en Vélez-Málaga trasladó al Consistorio veleño hace unas semanas, pero no es la única incógnita que planea en relación al proyecto de Juvigolf. Así, desde la formación morada, junto a la satisfacción por las noticias recibidas desde la Consejería de Cultura, se ha recordado que están a la espera de que desde el Ayuntamiento respondan al requerimiento de información elevado por el círculo de la localidad, que incluye el destino de las 460 VPO comprometidas, el tipo de evaluaciones ambientales que piensan llevarse a cabo o cómo se van a solucionar los problemas de acceso al recinto tras el reciente informe negativo de Fomento.

Matás ha recordado que “cuando nos encontramos ante un macrocomplejo que de llevarse a término podría suponer la creación del tercer núcleo con mayor población del municipio, después de Vélez y Torre del Mar, de un proyecto que tiene un gran impacto sobre el paisaje y los recursos hídricos, toda información de la que pueda disponer la ciudadanía es poca”. En este sentido, ha vuelto a incidir en que en fueron en su día partidos tan ideológicamente distantes como IU o PP los que calificaron a Juvigolf de “pelotazo urbanístico”, y ha pedido a los actuales gobernantes que no hagan suyo un modelo de desarrollo depredador que, como la actual crisis ha puesto de manifiesto, “supone un fracaso en términos no solo ambientales sino personales”.


PODEMOS VÉLEZ-MÁLAGA