Podemos Vélez-Málaga apuesta por dar un giro completo al actual modelo de ayudas al IBI

Para la formación morada estas ayudas deben contribuir a la protección de las familias económicamente más vulnerables, al fomento de la actividad económica y empresarial, así como la difusión cultural y la protección de la calidad del modelo urbano. 

Vélez-Málaga, 12 de septiembre de 2017.- La ordenanza que regula las ayudas al IBI en el municipio de Vélez-Málaga tiene como objetivo, según reza su exposición de motivos, atender "las necesidades más perentorias de las personas", entre las que se encuentran "las de índole social y económica que condicionan su nivel de vida y su posibilidad de acceso a los derechos fundamentales que establece la Constitución”.

Todo esto suena muy bien, pero cuando se aplica la Ordenanza estos fines resultan imposibles de alcanzar, fundamentalmente porque para nada se tiene en cuenta la situación personal ni el nivel de ingresos de las familias y de las empresas.

Las actuales ayudas al IBI nacieron ante los incrementos en las cuotas del impuesto, después de la aprobación, promovida por el entonces alcalde socialista Antonio Souviron, de la nueva Ponencia de Valores Catastrales, con efectos desde el ejercicio 2008. La nueva Ponencia incrementaba los valores catastrales de los inmuebles de manera considerable, por lo tanto la subida en el recibo del IBI era importante. Esto se producía justo al comienzo de la crisis, cuando el valor de mercado (valor real) de los inmuebles comenzó a desplomarse. El revuelo entre la población fue alarmante y el coste político para el PSOE se veía venir, por lo que desde ese mismo ejercicio 2008 se han venido concediendo las ayudas para el fomento de la obligación tributaria derivada del IBI.

Posteriormente, también se introdujeron otras ayudas de pequeña cuantía para absorber las subidas impositivas a partir de 2012. Y a partir de la ordenanza de 2013, para el cálculo de la cuantía de la ayuda, se tendrán en cuenta las bases reguladoras de la ayuda para el fomento de la obligación tributaria derivada del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de los ejercicios anteriores, según proceda.

Así, para 2017, todos los ciudadanos empadronados en el término municipal pueden solicitar ayudas para que se compense el posible incremento de la carga fiscal en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles del ejercicio 2017 respecto al 2016, siempre que cumplan con el requisito esencial de no tener deudas y con el límite del número de inmuebles y de su correcto censo. Esto supone que para aquellos que han adquirido una vivienda en 2017 la ayuda será sobre el incremento de la cuota de IBI que se haya producido en 2017 respecto a 2016. Lo que hace que el importe de la ayuda sea ridícula, a veces céntimos de euro.

Desde Podemos consideramos que las ayudas al IBI necesarias para este municipio son aquellas que tienen por finalidad contribuir a la protección de personas en circunstancias que las hacen particularmente vulnerables al riesgo de pobreza y exclusión social mediante la compensación parcial de la carga tributaria municipal asociada a la vivienda habitual; el fomento de la actividad económica y empresarial con el fin de incrementar el empleo estable y la reducción de los niveles de desempleo; así como la difusión cultural y la protección de la calidad del modelo urbano: protección arquitectónica, histórica, paisajística y medioambiental de la ciudad. De este modo, nuestra propuesta, registrada esta misma semana en el Consistorio veleño, va encaminada a que puedan solicitar estas ayudas:

1) Las personas físicas sujetos pasivos del impuesto, titulares del recibo de IBI, que
tengan, conjuntamente con las personas que convivan, unos ingresos brutos
inferiores a un umbral de ingresos referenciados con el IPREM, siempre que se
trate de su vivienda habitual.

De esta manera, las ayudas del IBI para personas con escasos recursos económicos están exentas de tributación. A diferencia de las actuales ayudas, estas ayudas no deben declararse como ingresos y, por lo tanto, no suponen un incremento de renta. De la misma  forma, las personas que no están obligadas a realizar la declaración de la renta (pensionistas, personas con pocos ingresos, etc.) tampoco están obligadas a hacerlo por el hecho de cobrar esta ayuda.

2) Aquellas personas físicas arrendatarias de viviendas que estén acogidas al
régimen de alquiler con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación del Suelo de
Andalucía (A.V.R.A.).

Para el cálculo del umbral de ingresos se tendrá en cuenta el caso de las familias
numerosas y si uno o varios miembros de la familia tienen un grado de discapacidad
superior al 33%.

3) Las empresas o autónomos que sean sujetos pasivos del impuesto sobre bienes
inmuebles (IBI) o a las que se les repercute la cuota en los recibos del alquiler, que
hayan iniciado su actividad económica (empresarial o profesional) en el periodo
impositivo para el que se solicita la ayuda y para aquellas que hayan incrementado la media de su plantilla de trabajadores con contrato indefinido durante el periodo
impositivo inmediato anterior al periodo en que se solicita la ayuda, y no sean
sujetos pasivos del impuesto sobre actividades económicas (IAE).

4) Las personas físicas o jurídicas gestoras del equipamiento cultural y para la
superficie de los espacios estables de exhibición de artes escénicas como teatro,
danza, circo y otras disciplinas de la cultura en vivo, así como salas de música en
vivo. También podrán ser beneficiarios los establecimientos comerciales del ámbito
cultural como galerías de arte, salas de exposición, librerías y cines con
programación mayoritaria de cine de autor y en versión original.

5) Los propietarios o usufructuarios de inmuebles dedicados a vivienda en los que se haya instalado sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía
solar.

También, se podrán solicitar subvenciones para actuaciones realizadas en edificios
ubicados en el término municipal de Vélez-Málaga destinadas a mejorar su imagen
urbana mediante la rehabilitación de sus fachadas y/o cubiertas, alumbrado
público ornamental permanente de fachada, eliminación de antenas, cableado,
etc.

¿Cómo está adaptándose el Ayuntamiento de Vélez-Málaga a la nueva Ley de Procedimiento Administrativo? Pedimos información a nuestros responsables

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece en su artículo 13 como derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas el comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración y a ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

Como desarrolla más adelante, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas, caso este de las personas jurídicas, sean sociedades anónimas, limitadas o de cualquier otro tipo; las entidades sin personalidad jurídica, como son las asociaciones, las comunidades de vecinos , las comunidades de bienes; quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional (por ejemplo abogados, procuradores, ingenieros técnicos, médicos, arquitectos...); quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración; y los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público.

Las notificaciones, en todo caso, habrán de practicarse preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. Además, los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas, deberán ser digitalizados, habrán de crearse para todas las administraciones registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos plenamente interoperables entre sí, y se incorpora, entre otras novedades, la obligación de que cada Administración Pública mantenga un archivo electrónico único de los documentos que correspondan a procedimientos finalizados, así como la obligación de que estos expedientes sean conservados en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento.

Esta nueva ley, nacida con el objeto de terminar con la dispersión normativa existente, reforzar la participación ciudadana y mejorar la seguridad jurídica, además de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y aumentar la productividad de las Administraciones Pública (Se calcula que el coste de un trámite presencial supone 75 euros mientras que el coste para ese mismo trámite de manera electrónica es de 5 euros),  según reza su exposición de motivos, entró en vigor al año de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, esto es, el 2 de octubre de 2016. Pero, aunque se hizo una salvedad, de tal modo que las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico solo producirán efectos a los dos años de la entrada en vigor de la Ley, es decir, el 2 de octubre de 2018, eso no afecta a la obligación de comunicar el trámite de que se trate telemáticamente al Ayuntamiento.

Tras un año desde la entrada en vigor de la Ley, formulamos las siguientes 

PREGUNTAS

1) ¿En qué punto se encuentra la adaptación a las nuevas exigencias que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en el caso del Ayuntamiento de Vélez-Málaga? ¿Podrá aplicarse la nueva regulación en tiempo y forma?

2) ¿Cómo se está afrontado la habilitación de los empleados públicos para afrontar los cambios que esta ley incorpora? ¿Qué tipos de cursos de formación y perfeccionamiento se están llevando a cabo?

3) ¿Qué partidas económicas específicas se han destinado en los Presupuestos de 2017 para poder atender desde un punto de vista organizativo y técnico los requerimientos formulados por el legislador?

Podemos Vélez-Málaga alerta del estado de deterioro de Las Claras y exige al Ayuntamiento que adopte las medidas necesarias para garantizar su conservación

La formación morada recuerda que los intereses particulares no pueden primar sobre los generales y que ya se ha mirado demasiado tiempo para otro lado

Vélez-Málaga, 7 de agosto de 2017-:  Desde que en 2009 la congregación de Hermanas Clarisas se trasladase al nuevo convento sito en la carretera de Arenas, la situación del Monasterio de Nuestra Señora de Gracia, conocida como las Claras -que en abril de 2011 pasó a formar parte, por decisión del Consejo de Gobierno, del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz- no ha dejado de empeorar, como es especialmente visible en sus cubiertas, y solo el uso cultural que se le ha dado al establecimiento durante los últimos años ha impedido que su cierre total terminase acelerando su proceso de ruina.

En los últimos días, sin embargo, y tras producirse sin previo aviso el desalojo de los artistas y artesanos que habían encontrado en este mítico inmueble unas dependencias para ensayar, desarrollar o exponer sus obras, se ha añadido más incertidumbre a la de por sí delicada situación de un edificio que ya en noviembre de 2015 fue objeto de un primer acuerdo entre el Ayuntamiento y la propiedad con el objetivo de pasar a titularidad pública.

Sin duda, las conocidas dificultades económicas que ha atravesado la empresa propietaria así como la colusión de intereses con sus antiguas dueñas y con la entidad financiera que a día de hoy parece haber asumido la titularidad del inmueble, Unicaja, han influido de forma decisiva en la historia reciente del monumento y han supuesto un serio hándicap a la hora de sacar del atolladero a esta joya de nuestro patrimonio histórico artístico, pero estas complejidades legales no pueden en ningún caso poner en peligro la integridad del inmueble. No en 2017. La Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía en en este sentido muy tajante cuando afirma en su Capítulo III, Artículo 14 que:

Las personas propietarias, titulares de derechos o simples poseedoras de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz, se hallen o no catalogados, tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores. 

La Consejería competente en materia de patrimonio histórico, en este sentido, como recoge el artículo 15 de esta ley, puede ordenar a las personas propietarias, titulares de derechos o simples poseedoras de bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico la ejecución de obras o la adopción de las actuaciones necesarias para su conservación, mantenimiento y custodia, pudiendo estas personas -siempre que ofrezcan a la Consejería, para ella misma o para un tercero, la transmisión de sus respectivos derechos sobre el indicado bien- liberarse de la carga impuesta cuando el coste de las obras o actuaciones necesarias excedan del 50% del valor total del bien de que se trate. Además, en el caso de que las personas obligadas por las órdenes de ejecución de obras o actuaciones de conservación, mantenimiento o custodia no las ejecuten voluntariamente, ni procedan a optar por las medidas indicadas anteriormente, la Junta podrá, bien imponer multas coercitivas o proceder a la ejecución subsidiaria de las mismas con cargo al obligado a su realización. Y, finalmente (art. 18), si el incumplimiento de estas obligaciones persiste, podria facultar a la Administración “para la expropiación total o parcial del bien por causa de interés social”.

Herramientas, por lo tanto, hay de sobra. Lo que falta es memoria -como si nuestros dirigentes hubiesen olvidado la traumática pérdida patrimonial que supuso en los 80 la destrucción del antiguo convento de San José de la Soledad- y voluntad política para que este antiguo monasterio, que data de 1555 y que está declarado Bien de Interés Cultural (BIC), sea conservado, recuperado y destinado a un fin que permita su visita y disfrute por la ciudadanía al tiempo que, previa consulta con agentes sociales y vecinales, convertirse en elemento dinamizador del deprimido casco antiguo veleño.  La participación en este caso de Unicaja en esta historia debe servir como oportunidad, primando el vector social y cultural que distingue a su fundación al rendimiento económico puro y duro. Demasiado tiempo se ha mirado para otro lado. Seguir haciéndolo no es una opción

  

PODEMOS VÉLEZ-MÁLAGA

Podemos Vélez-Málaga muestra su preocupación por la tardanza con que el Ayuntamiento para a sus proveedores

•El pago medio supera los 114 días, frente a los 30 que marca la ley

•Los pequeños empresarios y autónomos son quienes más lo sufren. Algunos se niegan directamente a trabajar con el Consistorio

 Vélez-Málaga, 27 de junio de 2017-: Ya lo señalamos en nuestro escrito de alegaciones al presupuesto municipal de 2017 como uno más de los elementos de revelaban la falta de realismo del documento económico finalmente aprobado por el equipo de Gobierno municipal. La regla fiscal del Periodo Medio de Pago es de obligado cumplimiento para el Ayuntamiento de Vélez-Málaga por aplicación del principio de sostenibilidad financiera y nuestro Consistorio está muy lejos de atender sus compromisos dentro de unos márgenes mínimamente razonables.

Si en febrero, según datos de la Secretaría de Estado de Hacienda, el periodo medio de pago a proveedores del Ayuntamiento de Vélez-Málaga se situaba en 101,51 días, a fecha de abril del presente año este superaba ya los 114 días, casi cuatro meses, cuando la ley establece el límite en 30. En este caso, la situación de asfixia financiera que viven muchos ayuntamientos a causa de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local aprobada por el ministro Montoro en 2013 no sirve de excusa si comparamos el dato que arroja nuestro municipio con el de otros consistorios, como Fuengirola o Marbella, que alcanzan los 80 y 46 días respectivamente.  Málaga, por su parte, paga prácticamente al día.

Resulta, pues, evidente que la gestión económica-financiera de la Concejalía de Hacienda deja mucho que desear con lo que esto supone de quebranto para quienes -en la mayoría de los casos pequeños empresarios y autónomos-, esperan y desesperan para cobrar los servicios prestados. Tal es así que no escasean quienes directamente prefieren no trabajar para la Administración Local ante la imposibilidad de asumir la incertidumbre económica que les genera el no saber cuándo les van a abonar sus facturas.

Pero junto a lo anterior hay que destacar otro aspecto. Y son las consecuencias legales que esto puede acarrear toda vez que esta elevada morosidad hace saltar una alerta a los organismos autonómicos y estatales que fiscalizan y tutelan las cuentas de nuestro ayuntamiento, que podrían llegar a adoptar medidas de tipo correctivo e incluso coercitivo y sancionador si no se endereza el rumbo. Medidas que podrían suponer, por ejemplo, la retención de las transferencias que estas administraciones hagan al Ayuntamiento para ser ellas quienes paguen las facturas.

PODEMOS VÉLEZ-MÁLAGA

Podemos Vélez-Málaga demanda al equipo de Gobierno que garantice la continuidad de la Oficina de la Vivienda

•“Los ciudadanos con más necesidades no pueden ser víctimas de un berrinche o de los juegos de tronillos de los políticos del momento”, apuntan desde la formación morada

•Desde Podemos se apunta que el futuro de la Oficina pasa por avanzar en su profesionalización e independencia

Vélez-Málaga, 21 de junio de 2017-: Tras las noticias que se han ido desencadenando en los últimos días relacionadas con la Oficina de la Vivienda de Vélez-Málaga, desde Podemos queremos manifestar nuestra preocupación por la situación en la que queda esta área y exigir al equipo de Gobierno de la localidad que mantenga un servicio tan necesario para aquellas personas que en nuestro municipio asumen riesgo de padecer desahucios.

En este sentido, al margen de los acuerdos políticos que permitieron la creación de esta unidad administrativa integrada funcionalmente dentro del Área de Bienestar Social, que dirige la socialista Zoila Martín, consideramos que su continuidad en el tiempo debe estar garantizada sin que en ningún caso pueda ser convertida en moneda de cambio o arma arrojadiza a utilizar por los diferentes partidos en función de los pactos que suscriban  a cualquier nivel o de la correlación de fuerzas existente dentro del Consistorio veleño. Los ciudadanos con más necesidades ni son canjeables ni pueden ser víctimas de un berrinche o de los juegos de tronillos de los gobernantes del momento.

Profesionalización

La Oficina de la Vivienda fue aprobada, a iniciativa de Izquierda Unida, en el pleno ordinario de julio de 2015 con la sola abstención del PP, aunque no estuvo plenamente operativa hasta agosto de 2016. Pese a formar este grupo parte de la oposición, sería precisamente una edil de IU, Alicia Pérez -a quien se liberó parcialmente-, la designada para asumir su gestión. Desde entonces hasta mayo del presente año -fecha de la que tenemos datos oficiales- había abierto más de 160 expedientes de los que en torno a un 40% tenían que ver con desahucios de hipotecas y alquileres.

En la actual coyuntura, además de garantizar su continuidad con recursos suficientes, desde Podemos consideramos necesario aprovechar para dar un paso más en su profesionalización -ampliando su labor de asesoramiento administrativo al ámbito jurídico, que actualmente es derivado a Diputación-, así como su independencia funcional, con el doble objetivo de mejorar sus prestaciones y servicios en el marco de una política integral de vivienda de la que el municipio carece en la actualidad al tiempo que de preservar su funcionamiento de posibles injerencias partidistas.  Bajo ningún concepto podemos permitirnos que tramas palaciegas o rencillas personales puedan volver a dejar a los ciudadanos más desfavorecidos sin servicios indispensables.

PODEMOS VÉLEZ-MÁLAGA

Podemos Vélez-Málaga lamenta la instrumentalización política por parte del PSOE de la visita de Susana Díaz al CEIP Las Naciones

Para la formación morada no puede confundirse lo “protocolario” con lo “propagandístico” y resaltan que los “mítines” dados en el centro estaban “fuera de lugar”

Un momento de la visita de Susana Díaz al CEIP Las Naciones / Fuente:
Facebook Ayto. de Vélez-Málaga (hemos difuminado los rostros de los menores
para proteger su intimidad).

Vélez-Málaga, 18 de junio de 2017-: La presidenta de la Junta de Andalucía estuvo en Vélez-Málaga esta semana para inaugurar la ansiada ampliación del CEIP Las Naciones, una buena noticia para la comunidad educativa pese a haber llegado seis años después de lo previsto y en buena parte gracias a la presión ejercida por las madres y padres del centro.

De la visita al colegio nos llamaron dos cosas especialmente la atención. La primera, la instrumentalización política de un acto institucional en el que lo propagandístico terminó por imponerse a lo protocolario. No de otro modo podría calificarse el que en un salón de actos repleto de escolares, tanto el alcalde de la localidad como la presidenta aprovecharan para “colar” de forma muy poco disimulada sendos mítines políticos. El primero de estos llegó a darle las gracias a la inquilina de San Telmo por sus “políticas de izquierda”, algo totalmente fuera de lugar en un contexto como este, en el que lo común –no es el PSOE quien ha realizado la inversión, sino todas las andaluzas y andaluces- debe estar muy por encima de lo partidario, así como una forma muy poco elegante y sesgada de agradecer la hospitalidad que brindó el centro a la nutrida comitiva.

Al margen de esta muestra de oportunismo y patrimonialización de lo que es de todos –resultado de la permanente confusión que el PSOE-A hace entre el partido y las instituciones allí donde gobierna-, la segunda consideración tiene que ver con unas palabras de Susana Díaz, en la que reconocía hacerse cargo de que hay que mejorar a la hora de abordar la climatización de nuestras aulas, asunto que ha acaparado muchas portadas en las últimas semanas ante las espectaculares subidas de las temperaturas en lo que, más que un episodio ocasional, es una consecuencia más del cambio climático. Inevitable acordarse en mitad del publirreportaje de las madres y padres del CEIP Blas Infante, por citar un ejemplo, que tuvieron que sufragar de su propio bolsillo los equipos con los que cuenta un centro que presenta –otro tanto podríamos decir del Custodio Puga, entre otros- múltiples carencias reiteradamente denunciadas.

Equipos de climatización en el
CEIP Blas Infante adquiridos por
los padres y madres del centro.

En definitiva, sin minusvalorar la importancia que tiene el que Vélez-Málaga cuente con estas nuevas instalaciones, tan necesarias como luchadas, no podemos olvidar lo mucho que deben mejorar tanto en las formas como en el fondo las políticas educativas en nuestra comunidad y de manera concreta en nuestro municipio, cuyos centros en muchos casos funcionan en condiciones realmente precarias. En este sentido, los 52.000 euros consignados en el presupuesto municipal para la partida de Reparación y conservación de centros educativos no son siquiera un parche cuando lo que necesitamos es un plan integral que aborde en serio las necesidades de nuestros centros públicos.

Visita

Respecto a otros aspectos relacionados con la visita de la presidenta, desde Podemos lamentamos que no se hayan producido avances significativos acerca de la situación de parálisis e incertidumbre que vive el tranvía de la ciudad tras el demoledor informe del Tribunal de Cuentas, ni se hayan puesto medidas sobre la mesa ante la pertinaz sequía que nos azota y los problemas de abastecimiento que acusa el pantano de La Viñuela más allá de meras declaraciones de intenciones y de invocar a una futura visita del consejero del ramo para abordar la cuestión.

Podemos Vélez-Málaga lamenta la falta de diálogo del gobierno tripartito de la ciudad en la tramitación de los presupuestos

Desde el círculo de la localidad tachan de “soberbia” la actitud del concejal de Hacienda, el socialista Juan Carlos Márquez, incapaz de responder ni con un acuse de recibo a las alegaciones presentadas por la formación morada

Momento de la sesión plenaria celebrada el pasado 9 de junio.

Vélez-Málaga, 12 de junio de 2017-: Una sola vez se escuchó mencionar a Podemos durante la escasa hora que duró el pleno extraordinario en el que se aprobó el presupuesto municipal de 2017 y no fue con motivo de las alegaciones que desde nuestro círculo registramos en tiempo y forma, sino para utilizarnos como arma arrojadiza por parte de un miembro del gobierno en su batalla dialéctica con un partido de la oposición.

Quitando esta referencia, Podemos fue para el concejal de Hacienda, Juan Carlos Márquez (PSOE), “ese partido sin representación municipal” cuyos más de 500 inscritos y cuyos votantes -más de 4.000 en las pasadas autonómicas; más de 5.000 en las generales del 20D-, no merecen no ya una explicación, sino tan siquiera un mero acuse de recibo.

De este modo, tras negarse por segundo año consecutivo a facilitar una copia del borrador del documento económico para su estudio y dificultar por todos los medios el acceso, como exige la ley, al presupuesto aprobado inicialmente durante el periodo de exposición pública no ya a Podemos sino a cualquier ciudadano, el edil no solo no ha admitido a trámite ninguna de las alegaciones presentadas por nuestro partido conformes a derecho, sino que haciendo gala de un espíritu democrático impropio de un gobernante que se llama a sí mismo progresista, ha evitado nuevamente responder por ningún cauce a las demandas presentadas por esta formación.

Práctica habitual

Con honrosas excepciones, esta es la práctica habitual de un gobierno para el que la transparencia y la participación son palabras huecas. Así, a pesar de que la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local reconoce taxativamente (art. 69.1) que “Las Corporaciones locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local”; y saltándose el propio Reglamento de Participación Ciudadana de Vélez-Málaga, aprobado por un gobierno socialista, cuando afirma (art.4) que “Todos los vecinos tienen derecho a intervenir en la gestión de los asuntos públicos”, la práctica del actual equipo de gobierno de la localidad valida de manera continua aquel refrán que reza que “del dicho al hecho, hay un trecho”, al imposibilitar que las mejores propuestas puedan ser estudiadas con independencia de donde provengan, anteponiendo de este modo los intereses partidistas al interés general. 

Consecuencias

Para el caso que nos ocupa, la soberbia política del concejal de Hacienda tiene consecuencias directas sobre la ciudadanía, pues fruto de su falta de diálogo y de permeabilidad demandas amparadas en la legislación vigente y que trascienden cualquier ideología serán desatendidas. De este modo, se ha dado carpetazo a incrementar la partida destinada a la “Reparación y conservación de centros educativos” cuyos 52.000€ -solo colocar el demandado toldo del CEIP Blas Infante de Torre del Mar se llevaría esa cantidad- son claramente insuficientes habida cuenta de las numerosas deficiencias que tienen muchos de nuestros centros escolares. Del mismo modo, se ha desestimado, como es preceptivo, que el Ayuntamiento se dote de un Plan Estratégico de Subvenciones debidamente aprobado que permita regular de modo claro y transparente las ayudas que se conceden a empresas, familias e instituciones sin ánimo de lucro; y del mismo modo, por citar solo otro ejemplo, tampoco se creará el Tribunal Económico- Administrativo como órgano de salvaguarda de los derechos de la ciudadanía.

Si en el pasado confiábamos en que estas actitudes pudieran corregirse, alcanzado el ecuador de la legislatura no cabe duda ya de que son marca de la casa y de que no cabe hacerse ilusiones. A dos años de las municipales de 2019 cada vez resulta más evidente que se perfilan dos alternativas en el horizonte al actual estado de cosas: la que representa un Partido Popular cuyo líder hace más política en los juzgados que en la calle y el Ayuntamiento y que es el más claro ejemplo en nuestra provincia de populismo de derechas; u otra más pegada a la ciudadanía, que ponga los problemas de la gente en el centro y que habrá de contar necesariamente con Podemos como uno de sus principales protagonistas.